Treinta años sin un euro:
Cuando defender a los menores no entra en el reparto.
Mientras se suceden las concesiones directas de subvenciones a numerosas entidades sociales —con cifras que superan en algunos casos los 190.000 euros— hay una organización que lleva más de tres décadas trabajando en el corazón del conflicto familiar sin haber recibido ni un solo céntimo de financiación gubernamental. Desde 1993, la Asociación de Padres de Familia Separados (APFS) sostiene su labor con cuotas y esfuerzo propio, defendiendo a menores, padres, madres y abuelos en procesos de separación y divorcio. Treinta años de mediación, asesoramiento jurídico y acompañamiento real. Cero euros en subvenciones estructurales. Y una pregunta incómoda flotando en el aire: ¿quién decide qué causas merecen apoyo público y cuáles deben sobrevivir a pulmón?
En los últimos días se han hecho públicas distintas concesiones directas de subvenciones a entidades sociales. Las cifras están ahí, negro sobre blanco:
196.360,47 € a la Federación de Mujeres Progresistas.
90.362,46 € a la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent.
64.414,10 € a la Asociación de Mujeres Juristas Themis.
53.793,52 € a la Fundación Triángulo.
49.208,29 € a la Unión Estatal de Jubilados y Pensionistas de UGT.
49.208,29 € a la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CCOO.
48.740,28 € a la Federación Estatal LGTBI+.
43.211,33 € a la Asociación de Mujeres Libres y Combativas.
43.211,33 € a la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad.
43.211,33 € a la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres.
42.628,83 € a Chrysallis, Asociación de Familias de Menores Trans.
30.952,25 € a la Asociación Socio-Cultural de las Minorías Étnicas “Unga”.
30.449,16 € a Kifkif-Entre Iguales, Asociación de Migrantes y Refugiados LGTBI de la Comunidad de Madrid.
Todas ellas, concesiones directas.
Y mientras se reparten estas cantidades, hay una asociación que lleva desde 1993 trabajando de forma ininterrumpida sin haber recibido ni un solo euro en subvenciones gubernamentales: la Asociación de Padres de Familia Separados (APFS).
Desde 1993. Treinta años largos de actividad. Tres décadas defendiendo a padres, madres, hijos y abuelos atrapados en procesos de separación y divorcio. Tres décadas denunciando injusticias judiciales. Tres décadas acompañando a menores que, demasiadas veces, quedan en medio de guerras que no han provocado.
APFS no es una estructura teórica. Es intervención real. Es asesoramiento jurídico. Es mediación familiar. Es orientación psicológica. Es contacto directo con profesionales especializados en derecho de familia, en nulidades matrimoniales, en custodias, en ejecución de sentencias. Es prevención del conflicto antes de que estalle. Y cuando estalla, contención.
Somos mediadores. Somos formadores. Organizamos conferencias, jornadas, vídeos divulgativos, encuentros sociales y culturales. Explicamos cómo separarse sin destruir. Cómo proteger al menor. Cómo evitar la judicialización innecesaria. Cómo entender que el conflicto de pareja no puede convertirse en condena vital para los hijos.
Y todo esto se sostiene con cuotas. Con aportaciones voluntarias. Con trabajo directo para cubrir gastos básicos. Las únicas ayudas recibidas alguna vez han sido locales, mínimas, destinadas a papelería o gastos administrativos. Nunca una subvención estructural. Nunca una dotación que permita consolidar un equipo estable financiado con fondos públicos.
Sin embargo, seguimos.
Porque creemos que la igualdad también es proteger el vínculo paterno-filial. Porque creemos que el interés superior del menor no puede tener color ideológico. Porque creemos que una sociedad justa no selecciona qué dolor merece presupuesto y cuál debe sobrevivir con voluntarismo.
APFS es, a día de hoy, la asociación más veterana de España en la defensa efectiva de los derechos de los menores en contextos de ruptura familiar.
No pedimos privilegios. Pedimos coherencia.
Si el Estado considera esencial financiar la intervención social en materia de igualdad, diversidad o colectivos específicos —lo cual es legítimo dentro de sus políticas públicas— también debería considerar esencial financiar a quienes trabajan, desde hace tres décadas, en el corazón mismo del conflicto familiar.
Porque cuando una familia se rompe, no hay ideología. Hay niños.
Y esos niños merecen algo más que discursos.
Juan Carlos López Medina
Presidente Nacional APFS