Hay verdades que no se discuten porque no se ignoran, sino porque incomodan. Y una de ellas es esta: en España, tras una separación, los hombres siguen siendo mayoritariamente quienes pagan la pensión de alimentos, incluso en supuestos de custodia compartida, y no reciben ningún tipo de apoyo institucional por ello. Ninguno. Cero. Ni por ser progenitores cumplidores, ni por sostener económicamente a sus hijos, ni por asumir una corresponsabilidad que el propio sistema dice promover.
Este hecho, repetido hasta la saciedad en juzgados, despachos y procesos de mediación, rara vez aparece en el debate público. Cuando lo hace, suele ser descalificado con una etiqueta automática: “discurso reaccionario”, “machista”, “fascista”. El problema no es el insulto —eso es lo fácil—, sino que la etiqueta sustituye al análisis, y el silencio tapa una desigualdad real.
La custodia compartida, presentada oficialmente como el modelo más equilibrado y corresponsable, tiene en la práctica una trampa que casi nadie quiere reconocer. Muchos hombres, aun compartiendo tiempos, cuidados y responsabilidades parentales, siguen pagando una pensión de alimentos fija, mientras asumen además los gastos derivados de mantener un segundo hogar plenamente operativo para sus hijos. Dos casas, dos habitaciones, dos rutinas… y una sola red de seguridad: la suya.
No se trata de casos excepcionales ni anecdóticos. Es una realidad estructural. El sistema parte de una premisa implícita: que el hombre tiene —o debe tener— capacidad económica suficiente para sostener no solo su vida, sino parte significativa de la del otro progenitor, incluso cuando la convivencia con los hijos es compartida. Y cuando no llega, el sistema no corrige: aprieta.
A diferencia de otros colectivos en situación de vulnerabilidad, el hombre separado español no encaja en ninguna categoría protegida. No recibe ayudas específicas por cargas familiares. No accede a prestaciones por cumplir religiosamente con una pensión. No tiene bonificaciones fiscales reales que compensen el esfuerzo económico. No existe ningún fondo de garantía para el progenitor pagador. Si cumple, es invisible. Si no cumple, es sancionado.
Aquí aparece una paradoja que resulta incómoda de mencionar: el acceso a ayudas públicas por hijos a cargo no es neutral. En la práctica administrativa, existen situaciones en las que progenitores extranjeros, con independencia de su grado real de implicación económica previa, acceden a prestaciones que un ciudadano español, padre y pagador regular, no percibe. No es una acusación ideológica: es una constatación administrativa. Las ayudas no se conceden por cumplir, sino por encajar en un determinado perfil social.
Este punto, automáticamente, provoca reacciones viscerales. Se acusa al mensajero de xenofobia o extremismo. Pero el dato incómodo permanece: el hombre español separado no recibe ayudas por el mero hecho de serlo, aunque esté sosteniendo económicamente a sus hijos. No hay discriminación positiva. No hay acompañamiento institucional. Hay una presunción silenciosa de resistencia infinita.
En mediación familiar se observa con claridad quirúrgica: hombres exhaustos, económica y emocionalmente, que cumplen porque creen en su responsabilidad como padres, no porque el sistema les ayude. Hombres que no reclaman ayudas porque saben que no existen para ellos. Hombres que sienten que el discurso oficial de igualdad termina justo donde empieza su obligación económica.
Esto no significa negar otras desigualdades ni enfrentar colectivos. Significa señalar una concreta, específica y sistemática. La igualdad real no consiste en cargar siempre sobre el mismo hombro. Si la corresponsabilidad parental es un objetivo, debe serlo en todos los planos, también en el económico. Y si el Estado interviene para proteger al menor —como debe—, no puede hacerlo a costa de ignorar deliberadamente a uno de los progenitores cuando cumple.
Llamar “fascista” a este análisis no lo invalida. Solo demuestra que hay debates que se prefieren clausurar antes de abrir. La realidad, sin embargo, sigue ahí: miles de hombres en España mantienen a sus hijos tras una separación, incluso en custodia compartida, sin ayudas, sin reconocimiento y sin red. Y seguirán haciéndolo, no porque el sistema sea justo, sino porque ellos no se permiten dejar de ser padres.
La pregunta no es si este discurso gusta. La pregunta es si es cierto. Y en los despachos de abogados, de mediación, en los juzgados y en la vida real, la respuesta es incómodamente clara.
Juan Carlos López Medina
Presidente Nacional APFS