Por Juan Carlos López Medina
Presidente Nacional de la Asociación de Padres de Familia Separados (APFS)
Hubo un tiempo en que denunciar la violencia era un gesto de dignidad colectiva. En Europa, ese impulso dio lugar a políticas necesarias, urgentes y nobles. Pero en España, como tantas veces, lo noble se volvió negocio, y lo urgente, oportunidad. Lo que comenzó como una respuesta ética se convirtió en una estructura política con financiación preferente, relato oficial blindado y víctimas de primera y segunda.
Sí, la violencia contra las mujeres existe y debe combatirse sin tregua. Pero cuando los datos empiezan a adaptarse al presupuesto y no a la verdad, el problema ya no es solo social: es institucional.
España decidió, con entusiasmo y sin matices, liderar el cumplimiento de los estándares europeos sobre género. Desde el año 2000, con los primeros acuerdos firmados bajo el gobierno de Aznar, hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, ya con Rodríguez Zapatero en La Moncloa, nuestro país se lanzó de cabeza a por los fondos comunitarios: primero el programa Daphne, luego el Fondo Social Europeo, y más tarde, los miles de millones de los fondos Next Generation.
Pero había una letra pequeña que apenas se leía en voz alta:
Para recibir, había que encajar. Y para encajar, había que reducir la realidad a una sola forma de relato.
Así, se consagró una ley asimétrica que convirtió el género —no la conducta, ni las pruebas— en el eje de la culpabilidad. Se empezó a hablar de “violencia de género” como sinónimo exclusivo de violencia del hombre hacia la mujer, ignorando todo lo demás. Y lo demás no era poco.
Antes de 2004, el INE y el CGPJ ofrecían cifras que revelaban una complejidad incómoda:
- En los homicidios dentro del ámbito familiar, la proporción de hombres y mujeres asesinados era más equilibrada de lo que hoy se admite.
- La violencia en parejas del mismo sexo no era anecdótica.
- Las agresiones femeninas, aunque minoritarias, existían.
Pero tras la ley, las estadísticas empezaron a hablar otro idioma. El nuevo sistema dejó de contabilizar víctimas que no encajaran en la categoría subvencionable. Las muertes de hombres a manos de sus parejas dejaron de figurar como “violencia de género”. Las agresiones de mujeres se invisibilizaron. La violencia en parejas homosexuales se archivó bajo otros epígrafes.
El relato se simplificó. Y con él, el presupuesto se multiplicó.
Hoy, el Ministerio de Igualdad gestiona más de 550 millones de euros anuales. Esa cifra, lejos de ser simbólica, alimenta a miles de entidades, observatorios, institutos, cursos, asociaciones, campañas, asesorías, talleres, informes y viajes institucionales. Un ecosistema entero que depende de que el problema no desaparezca. Al contrario: cuanto más crece la alarma, más crecen los fondos.
Y en ese contexto, cualquier dato que matice, que sugiera otras violencias, otras víctimas, otras realidades, es una amenaza al modelo económico. No se tolera.
- Jueces que alzan la voz por la igualdad legal: apartados.
- Psicólogos que cuestionan el uso estratégico de las denuncias: excluidos.
- Fiscales que piden rigor probatorio: silenciados.
- Padres separados: culpables por defecto, aunque no haya prueba ni sentencia.
El sistema ya no busca justicia: busca justificar su existencia.
Desde la entrada en vigor de la ley en 2004, más de medio millón de hombres han sido denunciados por violencia de género. Un porcentaje abrumador de esas denuncias ha terminado en archivos, sobreseimientos o absoluciones. Pero el daño ya estaba hecho.
Muchos de esos hombres han perdido el contacto con sus hijos, sus empleos, su reputación. Algunos, incluso, su vida.
El suicidio masculino tras separaciones conflictivas y procesos judiciales injustos es una herida silenciosa que nadie quiere medir.
Y los hijos… los hijos se han convertido en campo de batalla. En botín legal. En moneda de cambio. En armas arrojadizas utilizadas en un sistema que premia la acusación y castiga el silencio.
Hay algo aún más grave: la ceguera voluntaria frente a los orígenes culturales de ciertos agresores.
No se desagrega la nacionalidad en los informes públicos. No se habla de patrones culturales donde la mujer es legalmente inferior.
Reconocerlo sería políticamente incorrecto. Sería aceptar que el modelo multicultural sin filtros ha traído consigo un aumento de formas de violencia que no existían con la misma intensidad.
Pero callar también es una forma de mentir.
No pedimos impunidad, pedimos justicia. No pedimos negar la violencia contra las mujeres, pedimos reconocer también las otras violencias que existen y que sufren miles de personas, hombres incluidos.
El camino hacia una igualdad real pasa por:
- Una auditoría independiente de los fondos públicos destinados a políticas de género.
- La creación de un registro oficial de víctimas masculinas.
- La desagregación estadística por sexo y nacionalidad en todos los delitos de violencia familiar o doméstica.
- La derogación de la asimetría penal que discrimina por razón de sexo.
- Y, sobre todo, una política pública que deje de financiar el relato y empiece a reparar la vida.
Porque la justicia no se mide en millones, sino en coherencia. Y la igualdad no se alcanza silenciando verdades, sino mirándolas de frente, aunque duelan.
Sé lo que muchos dirán: “Este artículo es de un facha”.
No pasa nada. Me han llamado muchas cosas. Pero ninguna de esas etiquetas ha borrado una sola lágrima de padre, un solo abrazo perdido de un hijo, ni una sola muerte que nunca debió ocurrir.
Y como decía mi abuela —una mujer sin estudios, pero con más sabiduría que todos los másteres de género juntos—: