
Señoras y señores del Ministerio de Igualdad:
Permítannos robarles unos minutos. No para pedir —que ya sabemos que pedir es inútil—, sino para preguntar. Porque preguntar, al menos, todavía no cotiza como delito administrativo. Y porque el balance de fin de año, cuando se hace con preguntas, suele revelar más verdades que cien memorias oficiales con papel satinado.
Empecemos por lo esencial. ¿Cuál ha sido, exactamente, el balance anual de la igualdad con los hombres? No hablamos de titulares, ni de eslóganes, ni de hashtags con fondo morado. Hablamos de igualdad real, medible, verificable. ¿Cuántas políticas públicas han tenido en cuenta a los padres separados que cumplen, que pagan, que educan, que aman y que, sin embargo, desaparecen del relato institucional como si fueran un error de imprenta?
¿Podrían detallarnos, por favor, cuántos euros ha recibido la APFS en este último ejercicio presupuestario para trabajar por los derechos de padres y madres separados? ¿Cero? ¿Cero redondo? ¿Cero con decimales invisibles? Preguntamos porque la contabilidad también es un lenguaje y, a veces, el silencio contable grita más que cualquier discurso.
Sigamos. ¿Cuántas reuniones oficiales han mantenido con asociaciones que no encajan en su marco ideológico pero que trabajan, día tras día, con familias rotas, con niños que no entienden sentencias, con padres convertidos en visitantes de sus propios hijos? ¿Una? ¿Ninguna? ¿O quizá esas reuniones existen, pero solo en las notas de prensa imaginarias?
Otra pregunta incómoda, de esas que no caben en un tuit: ¿cuánto dinero público se ha destinado este año a la compra de pulseras de control, muchas de ellas adquiridas a través de plataformas como AliExpress? No cuestionamos la tecnología; cuestionamos la prioridad. Porque mientras las cifras se inflan en dispositivos, las mujeres —las de verdad, las de carne y hueso— siguen desamparadas cuando el sistema falla. Y falla mucho. Falla cuando no escucha, cuando simplifica, cuando convierte la complejidad humana en una estadística útil.
¿No les resulta paradójico que se inviertan millones en aparatos mientras se niegan recursos a quienes trabajan en prevención, mediación y acompañamiento real? ¿No es curioso que se financie el control, pero no la reconstrucción? ¿La vigilancia, pero no el diálogo? ¿El castigo, pero no la solución?
Háblennos también de igualdad jurídica. ¿En qué punto exacto del año decidieron que la presunción de inocencia era un lujo prescindible? ¿En qué decreto se estableció que el sexo determina la credibilidad, la protección y, en demasiados casos, el futuro? Porque hay hombres que no son agresores, mujeres que no son víctimas y niños que no son trofeos. Pero ese matiz, incómodo y humano, parece no tener cabida en sus políticas.
Otro año más pasa. Otro ejercicio presupuestario se cierra. Y otra vez quienes luchamos por una igualdad real —no selectiva, no ideológica, no rentable electoralmente— seguimos sin recibir un solo euro. Ni para proyectos, ni para campañas, ni para asistencia directa. Nada. Somos los grandes olvidados de un Ministerio que habla de igualdad mientras discrimina por razón de sexo. Una contradicción tan evidente que casi roza el surrealismo administrativo.
¿Es igualdad excluir sistemáticamente a quienes no repiten el mantra oficial? ¿Es igualdad negar recursos a asociaciones incómodas mientras se riegan de subvenciones otras más dóciles? ¿Es igualdad mirar hacia otro lado cuando la ley se aplica con distinto rasero según quién se siente en el banquillo?
No pedimos privilegios. Pedimos coherencia. No pedimos trato preferente. Pedimos trato justo. No pedimos silencio para nadie. Pedimos voz para todos.
Quizá algún día, cuando hagan balance, descubran que la igualdad no se mide en pancartas ni en presupuestos inflados, sino en la capacidad de un Estado para proteger sin discriminar, escuchar sin prejuicios y actuar sin sectarismo. Hasta entonces, seguiremos preguntando. Porque preguntar, al menos, todavía es gratis. Y porque la ironía, cuando la realidad es tan cruda, acaba siendo la última forma de dignidad.
Juan Carlos López Medina
Presidente Nacional APFS

