Expertos creen que la coordinación con el Ministerio de Justicia
será clave en esta legislatura
La nueva ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, tendrá entre sus principales retos el de “reforzar” los mecanismos de acompañamiento y supervisión de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, una norma que costó años implementar pero que desde su aprobación en el año 2021 apenas se ha desarrollado, pese a lo necesaria que es.
Abogados de Familia de AEAFA, creen necesario una coordinación del nuevo Ministerio con el de Justicia de Félix Bolaños (Imagen: AEAFA)
El nombramiento de la ministra ha coincidido con el Día Mundial de la Infancia, que cumple este lunes cincuenta años. Rego aseguró en un mensaje en sus redes sociales que, “a partir de hoy”, esta fecha “cobra un sentido especial” para ella y aseveró que es «todo un reto aceptar el cargo» en el que «velará» por los «derechos» de la infancia y la juventud de España.
La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) ha aclarado a Economist & Jurist que es fundamental una coordinación entre el Ministerio de Justicia y este nuevo ministerio de Infancia y, al mismo tiempo, en materia de Derecho de Familia, hacer efectivos una serie de cambios que redundan en el bienestar de la infancia y la adolescencia, y de la Justicia en general.
Desde la Asociación recuerdan que hay que reivindicar la necesidad incuestionable de la creación de la especialización en materia de Infancia, Familia y Capacidad dentro del orden jurisdiccional Civil. “Todas las personas tenemos derecho a disponer de Juzgados especializados de Familia, al igual que todas las empresas tienen y disponen ya de juzgados especializados en Mercantil, para dirimir las cuestiones de su ámbito”, afirman.
La perenne reclamación la AEAFA incorporada en la Disposición Final Vigésima de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, en la que se insta a que mediante Ley Orgánica lleven a cabo “las modificaciones necesarias para garantizar la especialización dentro del orden jurisdiccional Civil en Infancia, Familia y Capacidad”, que no se está cumpliendo.
El contenido actual de Proyecto de Ley de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, en su artículo 25, contempla una sección de Familia en los tribunales de Instancia sólo “cuando se estime conveniente, en función de la carga de trabajo”. Sin embargo, el artículo 27 plantea que las secciones de lo Mercantil se crearán “con carácter general” y “en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia, existirá una Sección de lo Mercantil con jurisdicción en toda la provincia”. Por tanto, exigen el mismo trato que Mercantil.
Uno de los mayores problemas que presenta el Derecho de Familia es la lentitud en la tramitación y resolución de los procedimientos. Las sucesivas huelgas sufridas en el ámbito de la Justicia, unido a la perenne falta de especialización de los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios o psicólogos; y la falta de medios personales y materiales, conlleva una intolerable lentitud en la resolución de los procesos de familia.
Menores en centro de la actualidad
Para la vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, socia directora de Winkels Abogados, abogada de Familia y secretaria en Plataforma Familia & Derecho, “es evidente que crear un ministerio que aborde temas tan relevantes deja claro la sensibilidad del Gobierno con estos temas como los relacionados con la infancia y la adolescencia. Es evidente que por determinadas cuestiones los menores están de actualidad en las últimas semanas”.
En este contexto, recuerda a E&J que el ICAM inaugurará el próximo 15 de diciembre su nueva sección de infancia -que cuenta con un Consejo Asesor formado por quince expertos y está presidida por la jurista Ana Caballero– a la que se ha cursado invitación a la nueva titular del ministerio de Infancia y Juventud: “A los expertos nos preocupa que los menores están inmersos en conflictos de todo tipo, tanto a nivel de tecnología sin control que impulsa de forma notable el buylling en los colegios, entre otras cuestiones”.
Al mismo tiempo, Winkels destaca que “hay otra problemática relacionada con la tecnología como son las adicciones en redes sociales de todo tipo que afectan a su salud física y emocional. Podemos hablar de bulimia, anorexia, e incluso de las adicciones a la tecnología. Ya hay menores y adolescentes que confiesan que no pueden estar ni veinticuatro horas sin estar en contacto con sus redes sociales”.
En su opinión, “muchas de estas cuestiones desembocan en los suicidios y autolesiones de los menores, que se han incrementado de forma notable. Otro tema grave es el acceso a la pornografía de los menores que es ilimitada porque de momento no hay control de acceso. Eso afecta al desarrollo de su personalidad y que se hayan incrementado de manera notable los delitos contra la libertad sexual en un 116%, según el informe de la Fiscalía General”.
Junto con estas cuestiones la letrada recuerda el incremento de las sustracciones internacionales de menores en los últimos años. «Ahí los menores están desamparados en este tipo de situaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Igual pasa con las adopciones internacionales. La verdad que la tipología de los riesgos a los que están sometidos nuestros niños y adolescentes son bastante variados y complejos. A todo hay que buscar una solución en el corto y medio plazo”.
Para esta experta en Derecho de Familia e Infancia “al final se requieren medidas multidisciplinares e inmediatas. A este respecto hay que potenciar el desarrollo de la Ley Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia que aprobada en julio del 2021 pero poco se ha implementado realmente. Es el momento de potenciarlo. Si ahora mismo no adoptamos medidas de protección urgentes tendremos que invertir una cantidad ingente de dinero en mejorar la salud física y mental de estos menores para evitar que se queden con secuelas”.
Jueces preocupados
A nivel de judicatura, también hay mucha prudencia sobre la puesta en marcha de esta nueva entidad ministerial. Margarita Pérez-Salazar, magistrada del juzgado 10 de Familia de Pamplona, cree que hay que tener cierta esperanza si se crea un ministerio con este contenido, “de esa forma muchas de las cosas que se han legislado por ley orgánica puedan rematarse en corto plazo. En el año 2021 se aprobaron dos leyes orgánicas, una para la Protección de la Infancia y Adolescencia y otra para temas de discapacidad”, asegura la magistrada.
A su juicio, la citada Ley Orgánica de Protección a la Infancia “planteaba garantizar muchas medidas para proteger a la infancia y adolescencia, que así aparece en el texto legislativo. Como objetivos se planteaba garantizar que en todas las situaciones de ruptura, con lo que significa, algunas de violencia u otras de conflicto, no tuviera consecuencia para el bienestar y desarrollo de los hijos”.
Otra cuestión que indicaba la norma era “garantizar los servicios de apoyo para la familia, desde los puntos de encuentros, recursos como los gabinetes psicosociales o servicios de mediación y conciliación. Un objetivo importante. Al mismo tiempo el artículo 29 establecía como garantía para niños y adolescentes la detección de esas situaciones de violencia, que hubiera un apoyo a los madres e hijos y que hubiera una atención especializada”.
Esta magistrada recuerda que todo esto entró en vigor en julio del 2021 “pero sinceramente no se ha hecho nada. Desde los juzgados hemos visto que no ha habido incremento de personal especializado ni se han implementado ninguna medida. La primera sería generar desde la Administracion de Justicia una legislación y una normativa con juzgados especializados para este tipo de asuntos. Confiemos que el nuevo ministerio ayude a establece las medidas que ya están previstas desde hace un par de años”.
Al final de lo que se trata “es ver como se orienta este ministerio y cuál es su contenido real y el foco en el que se orienta. Ahora los menores están en el centro de la actualidad por distintas situaciones de vulnerabilidad, tanto por la edad, por su situación de desprotección en cuanto a que algunos sufren pobreza y situaciones de necesidad. Ahora vemos el problema de la inmigración y todos estos niños no acompañados que tenemos aquí”.
Al mismo tiempo esta magistrada recuerda que “también están los menores en el centro de las rupturas de pareja. Son situaciones de riesgo evidentes y pueden generar violencia en ese entorno familiar y ciertos peligros y riesgos para los propios menores”.
“Es fundamental impulsar la Ley Integral que protege a este colectivo, ley que habla de proteger y sensibilizar, de detectar precozmente y proteger el daño. Hace falta un ministerio muy potente. Esperemos que se le dote de contenido”, apunta.
Sobre la coordinación con el ministerio de Justicia declara que está “de acuerdo con lo que dicen otros expertos sobre dicha coordinación. Al mismo tiempo hay que trabajar para generar la especialización de familia que reivindican diversos colectivos, entre ellos la Plataforma Familia & Derecho, porque desde la especialización sale mejor”.
Sin embargo, cree que “por el momento no hay una voluntad política de generar esa especialidad y esto depende del Ministerio de Justicia. Muchas de las situaciones de desprotección tienen que ver con la Administración de Justicia”.
Margarita Pérez-Salazar, magistrada del juzgado 10 de Familia de Pamplona: “No ha habido voluntad política de impulsar
la Ley de Protección Integral a la infancia (Imagen: AEAFA)
Para esta jurista “puede ser un buen momento de recuperar la ley orgánica de eficiencia procesal que no salió con la convocatoria electoral. Abordaba la especialización, al igual que la citada Ley Integral que estamos comentado que también prevé crear dicha especialidad”.
En su opinión, “es importante que ambos Ministerios trabajen para lograr una justicia especializada porque somos el único país de Europa que no lo tiene. Urge abordarlo ahora que se inicia esta legislatura y que haya iniciativa presupuestaria para implementar los recursos de esta Ley”.
El menor, en disparadero
Para la magistrada Reyes Martel, jueza titular del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, crear un Ministerio de ese tipo va a suponer afrontar muchísimo trabajo, si se lo toman en serio y lo hacen con cordura contando con los profesionales que trabajan con la infancia y adolescencia”.
En cuanto a las principales prioridades, esta jurista señala que hay cinco que llaman la atención. “Una primera sobre la violencia contrala infancia, se trata del desarrollo real y eficaz de la protección integral para todos los niños, niñas y adolescentes de España, con herramientas para poder ejecutar medidas para prevenir, detectar y tratar la violencia contra la infancia”.
Como segundo hito resalta pobreza infantil. «Debería sustanciarse en los Presupuestos Generales del Estado. Al mismo tiempo hay que atender a los menores migrantes no acompañados. Debe garantizarse de forma eficaz los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Debe crearse un Plan de Acción que garantice la protección de dicho colectivo”.
Esta jueza de menores “aboga por los derechos de estos niños y niñas frente a los discursos xenófobos y la estigmatización. “Es un trabajo en el que debemos seguir avanzando en 2023 y en adelante, hasta lograr el pleno cumplimiento de sus derechos”.
Martel también habla del impacto de los menores con la nuevas tecnologías. A su juicio las tecnologías de la información y comunicación representan “el cambio técnico más rápido y profundo experimentado el mundo. Es por esto que debería desarrollarse un método pedagógico global robusto para facilitar la educación de los niños, niñas y sus familias”.
En su opinión, “también en este sentido, es fundamental discutir y ofrecer recomendaciones para la participación infantil-adolescentes en las leyes, políticas y estrategias de estas tecnologías, para que sirva para algo y sea coherente con la realidad del mundo en el que viven y del que no somos partícipes”.
Reyes Martel, jueza de menores de Las Palmas, cree que este Ministerio de Infancia y Juventud tiene que abordar muchos retos
(Imagen: Consejo General del Poder Judicial)