
Por Juan Carlos López Medina.
Presidente Nacional de la Asociación de Padres de Familia Separados
Nunca antes se había visto una manipulación institucional tan obscena como la que envuelve el caso Juana Rivas. Jamás un menor había sido tan instrumentalizado, tan explotado emocional y mediáticamente, como en esta historia de propaganda, desobediencia y victimismo fabricado. Una madre que ha perdido todos los juicios, en España y en Italia, sigue siendo tratada como heroína por parte de medios, asociaciones y hasta miembros del Gobierno. Es un escándalo con mayúsculas.
Los hechos son tozudos: Juana Rivas sustrajo a sus hijos, desobedeció resoluciones judiciales, incumplió el régimen de visitas y fue condenada por ello. Y sin embargo, ha sido indultada, blanqueada y convertida en símbolo de lucha, aunque haya sido la justicia —de dos países distintos— quien ha dictaminado en su contra una y otra vez.
Y ahora, el caso da un giro tan grotesco como peligroso: uno de los menores ha llegado a declarar que «su padre lo va a matar si vuelve con él». Una frase aterradora, sí. Pero lo más aterrador no es solo la declaración, sino cómo ha sido instrumentalizada mediáticamente sin que nadie active los mecanismos psicológicos ni jurídicos adecuados para proteger al menor.
Porque si un niño dice algo así, hay dos caminos: o se investiga y actúa con urgencia bajo criterios técnicos —psicólogos, forenses, fiscales de menores— o se está permitiendo, incluso alimentando, una fantasía inducida que puede destrozar su vida emocional. Pero aquí no se hace ni lo uno ni lo otro. Aquí lo que se hace es convertir esa frase en pancarta y en proclama política. El niño queda en el centro de la diana. La madre se pone la capa de víctima otra vez. El entorno monta otro circo mediático. Y el Estado… el Estado calla o aplaude.
¿Y si fuera al revés? ¿Y si fuera el padre quien hubiera sustraído a los niños, desobedecido a los jueces, expuesto mediáticamente a los menores y, además, uno de ellos dijera que la madre quiere matarlo si vuelve con ella?
La respuesta es clara: el padre estaría en prisión, con la patria potestad suspendida y con el señalamiento público como monstruo de por vida. Pero como aquí la protagonista es madre, el sistema no sólo la ampara: la celebra.
Hoy mismo, el ministro Félix Bolaños ha tomado partido públicamente. ¿En qué cabeza cabe que un miembro del Gobierno, en lugar de respetar la independencia judicial, alimente un relato que desacredita sentencias firmes y consolidadas de dos países democráticos? ¿Qué mensaje se lanza a los ciudadanos cuando el Estado legitima una causa personal frente a la legalidad?
Mientras tanto, la otra cara de la realidad —la que no da likes ni subvenciones— sigue oculta. Hoy, tres padres han acudido a la APFS, impotentes, porque sus hijos no se presentan a los puntos de encuentro para el intercambio. Nadie habla de ellos. Nadie les escucha. No hay manifestaciones. No hay portadas. Porque son hombres. Porque no sirven al relato.
Esto no es justicia. Esto es propaganda. Y es peligroso. Porque lo que se está haciendo no es proteger a los menores, sino convertirlos en escudos humanos para justificar una desobediencia sistemática a la ley. Se está dañando emocionalmente a niños reales. Se está envenenando su percepción del mundo. Se les está robando la infancia.
Hay que decirlo alto y claro: el caso Juana Rivas no es un ejemplo de injusticia patriarcal, es un ejemplo de impunidad institucionalizada. Y lo más triste de todo es que el menor está atrapado entre la inacción de los tribunales de protección y la sobreactuación de quienes dicen luchar por él, pero solo luchan por su causa.
Una vergüenza. Una profunda, dolorosa y alarmante vergüenza de país.


Reunámonos todos, en una MACRO-MANIFESTACIÓN, por los derechos de los menores.