En España, la protección contra la violencia de género es una prioridad indiscutible. Sin embargo, la existencia de denuncias infundadas en este ámbito puede generar consecuencias devastadoras para los hombres acusados injustamente, especialmente en lo que respecta a la custodia de sus hijos y su salud mental.
La interposición de una denuncia por violencia de género puede influir directamente en los procedimientos de custodia. Según el artículo 92 del Código Civil español, no se puede otorgar la custodia compartida si uno de los progenitores está inmerso en un proceso penal por violencia de género. Esto significa que, ante una denuncia, aunque posteriormente se demuestre su falsedad, el padre puede ser privado temporalmente de la custodia compartida o incluso de cualquier régimen de visitas. Esta situación no solo afecta la relación entre padre e hijos, sino que también puede crear en los menores una imagen distorsionada y negativa del progenitor, basada en acusaciones no probadas.