Celebrar la sexualidad de la mujer es legítimo. Utilizarla como mercancía ideológica, mientras se abandonan los problemas reales de miles de familias, resulta bastante más discutible.
Cada 8 de agosto se celebra el llamado Día Internacional del Orgasmo Femenino. La efeméride nació a comienzos de este siglo en la localidad brasileña de Esperantina, a partir de una iniciativa municipal que pretendía visibilizar las dificultades de muchas mujeres para disfrutar plenamente de su sexualidad.
Hasta ahí, nada que objetar.
Durante siglos, la sexualidad femenina fue silenciada, vigilada o reducida a la reproducción. Reconocer que las mujeres tienen derecho al deseo, al placer y a vivir su intimidad libremente no debería escandalizar a nadie. La mujer no necesita permiso para disfrutar de su cuerpo, del mismo modo que tampoco necesita que un político, una campaña publicitaria o una institución pública le explique cómo debe hacerlo.
Porque ahí comienza el problema.
No estamos criticando el orgasmo femenino. Estamos criticando su instrumentalización. Esa tendencia contemporánea a colocar una etiqueta ideológica sobre cada experiencia humana, convertirla en una efeméride y rodearla de campañas, titulares, subvenciones, talleres y discursos institucionales.
La intimidad termina convertida en escaparate. El cuerpo de la mujer vuelve a ser utilizado, aunque ahora se haga con palabras aparentemente emancipadoras.
Antes se aprovechaban de ella para imponerle silencio. Ahora algunos pretenden aprovecharse de ella para fabricar propaganda.
¿Qué ocurriría con un Día del Orgasmo Masculino?
Hagamos el ejercicio contrario.
Imaginemos que las instituciones anunciaran solemnemente el Día Internacional del Orgasmo Masculino. Imaginemos ayuntamientos, ministerios y partidos políticos organizando jornadas sobre el placer del hombre, difundiendo guías sobre su satisfacción sexual o financiando campañas para reivindicar su derecho a disfrutar.
Las reacciones serían previsibles.
Se hablaría de machismo, de exaltación del patriarcado, de obscenidad institucional y de utilización de dinero público para alimentar los deseos masculinos. Las redes sociales se llenarían de bromas y muchos medios presentarían la celebración como una grosería innecesaria.
Sin embargo, cuando el protagonista es el orgasmo femenino, cualquier cuestionamiento parece convertirse inmediatamente en una agresión contra la mujer.
Esa doble vara de medir también merece ser discutida.
La igualdad no consiste en que todo lo relacionado con la mujer sea elevado automáticamente a categoría política mientras cualquier necesidad masculina se ridiculiza, se sospecha o se oculta. Tampoco consiste en enfrentar placeres, dolores o derechos. Consiste en reconocer a mujeres y hombres como personas adultas, responsables y libres, sin convertir sus cuerpos en trincheras electorales.
La sexualidad entra en las aulas
En febrero de 2026, Podemos llevó al Congreso una proposición para implantar una educación sexual integral, obligatoria y transversal en todas las etapas educativas, desde Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional. La iniciativa defendía que los contenidos estuvieran adaptados a cada edad e incorporasen perspectivas de género, diversidad, derechos sexuales y prevención de las violencias.
Conviene ser rigurosos: aquella proposición no decía literalmente que hubiera que enseñar a los niños “cómo masturbarse”. Afirmarlo de ese modo, sin matices, permitiría desacreditar una crítica que puede y debe formularse con argumentos serios.
Pero tampoco puede ocultarse que determinados programas educativos respaldados políticamente han introducido el autoerotismo y la masturbación entre los contenidos escolares.
El programa Skolae, impulsado por el Gobierno de Navarra cuando estaba sostenido por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, desarrolló un itinerario coeducativo que incluía educación sexual desde distintas etapas. Entre sus materiales para adolescentes de 12 a 16 años aparecían actividades relacionadas con el placer, el autoerotismo y la masturbación, así como su posterior tratamiento y debate en el aula.
La cuestión no es negar que los adolescentes tengan sexualidad ni condenar la masturbación como si estuviéramos regresando a los viejos manuales del pecado y la culpa.
La cuestión es otra: quién educa, a qué edad, con qué contenidos, bajo qué control, con qué participación de las familias y hasta dónde puede entrar el Estado en la intimidad de los menores.
Una cosa es enseñar respeto, consentimiento, prevención de abusos, conocimiento biológico del cuerpo, responsabilidad afectiva y protección frente a las enfermedades de transmisión sexual.
Otra muy distinta es que la escuela traspase la frontera de la información sanitaria y afectiva para convertirse en orientadora de prácticas íntimas. Los menores necesitan protección y formación, no experimentos ideológicos ni guerras culturales libradas sobre sus cuerpos.
Mientras tanto, las familias siguen esperando
Desde la Asociación de Padres de Familia Separados —APFS— conocemos otra realidad mucho menos vistosa.
La realidad de los matrimonios que se rompen. De los niños atrapados entre dos progenitores enfrentados. De las visitas que se incumplen. De las pensiones que no llegan o cuyo destino resulta imposible conocer. De padres y madres que pasan meses sin ver a sus hijos. De procedimientos judiciales que se prolongan mientras la infancia corre sin esperar a las sentencias.
En 2025 se produjeron en España 80.785 divorcios. La custodia compartida fue acordada en el 50,8 % de los divorcios de parejas con hijos, consolidándose como el régimen más frecuente.
Son cifras que no hablan de orgasmos. Hablan de hogares divididos, de menores que deben aprender a vivir entre dos casas y de adultos obligados a reconstruir sus vidas sin destruir las de sus hijos.
¿Por qué no se dedica el mismo entusiasmo institucional a enseñar cómo debe afrontarse una separación?
¿Por qué no existen campañas permanentes para recordar que un hijo no es un mensajero, un espía, una moneda de cambio ni un arma contra la expareja?
¿Por qué no se enseña a los futuros padres y madres que una relación puede terminar, pero la responsabilidad parental continúa?
¿Por qué no se habla con la misma intensidad de mediación familiar, corresponsabilidad, custodia compartida, cumplimiento de los regímenes de convivencia y respeto al vínculo de los hijos con ambos progenitores?
Resulta llamativo que algunas administraciones quieran entrar en las aulas para hablar del placer sexual, pero apenas encuentren tiempo para enseñar a gestionar el conflicto, la ruptura, la frustración y la responsabilidad familiar.
Parece que contamos orgasmos, pero no contamos los días que un niño puede pasar sin ver a uno de sus padres.
Ni puritanismo ni propaganda
Defender la intimidad de los menores no significa regresar al silencio sexual. Y cuestionar la explotación política del orgasmo femenino no supone negar los derechos de las mujeres.
La educación sexual puede ser necesaria. Pero debe ser científica, prudente, transparente, proporcionada a la edad y conocida por las familias. No puede utilizarse para introducir en las aulas la ideología particular del partido que gobierna en cada momento.
Del mismo modo, la sexualidad femenina merece respeto, no apropiación política. Las mujeres no necesitan que nadie convierta su orgasmo en una pancarta. Necesitan libertad, información sanitaria, relaciones basadas en el consentimiento y el derecho a decidir sobre su propio cuerpo sin tutelas interesadas.
Los hombres tampoco deberían ser reducidos al papel de culpables, depredadores o personajes secundarios cuya sexualidad solo merece burla o sospecha.
Y los menores, por encima de todo, necesitan adultos capaces de protegerlos, acompañarlos y enseñarles que el cuerpo importa, pero también importan los afectos, los límites, la responsabilidad y el respeto.
El orgasmo no es de izquierdas ni de derechas.
La intimidad no debería convertirse en un programa electoral.
Y la igualdad no se construye sustituyendo un silencio por otro, ni utilizando a las mujeres como escaparate mientras los problemas reales de las familias continúan esperando detrás de una puerta judicial.
Por Juan Carlos López Medina
Presidente Nacional de APFS