Hay hombres que, cuando se separan, no solo pierden una pareja. Pierden su casa, su estabilidad económica, la convivencia diaria con sus hijos y, en demasiadas ocasiones, hasta la presunción de ser buenos padres.

De repente, sobre ellos cae una sospecha silenciosa. Parece que deben explicar por qué se marchan, justificar cada decisión, demostrar que han cuidado de sus hijos y acreditar que quieren seguir haciéndolo. Como si haber terminado una relación sentimental los convirtiera automáticamente en responsables del fracaso familiar.

¿Hasta cuándo tendrá el hombre que resignarse a interpretar el papel del malo en una separación?

La ruptura de una pareja no debería ser un juicio moral. Nadie tendría que entrar en un procedimiento de familia con una etiqueta colocada de antemano. Ni la mujer debe ser considerada culpable, manipuladora o interesada por ser mujer, ni el hombre debe ser visto como ausente, egoísta o económicamente privilegiado por ser hombre.

Sin embargo, todavía sobreviven demasiados estereotipos.

Durante años se ha repetido que el padre era quien trabajaba fuera de casa y la madre quien cuidaba. Pero la sociedad ha cambiado. Hoy existen miles de padres que preparan desayunos, llevan a sus hijos al colegio, acuden a las tutorías, conocen el nombre del pediatra, ayudan con los deberes y permanecen despiertos cuando una fiebre aparece de madrugada.

Son padres antes, durante y después de la separación.

Pero algunos descubren que, una vez rota la pareja, aquella paternidad ejercida cada día parece no ser suficiente. Se ven obligados a abandonar la vivienda familiar, alquilar otra casa, continuar pagando parte de la hipoteca, abonar una pensión de alimentos y afrontar nuevos gastos para poder recibir a sus hijos en condiciones dignas.

Y, después de todo eso, todavía deben demostrar que son buenos padres.

La pensión de alimentos no es un castigo. Los hijos tienen derecho a recibir de ambos progenitores todo lo necesario para su desarrollo, y quien incumple deliberadamente esa obligación debe responder por ello. Pero una cosa es proteger a los menores y otra convertir la pensión en una carga desproporcionada, fijada sin atender suficientemente a los ingresos reales, al endeudamiento, al tiempo de convivencia o a los gastos que cada progenitor asume directamente.

También debería abrirse un debate serio sobre la transparencia en la administración de esas cantidades. Sería razonable que las pensiones destinadas a los hijos se ingresaran en cuentas específicas, vinculadas exclusivamente a sus necesidades y con acceso informativo para ambos progenitores. No para fiscalizar cada compra ni para invadir la intimidad de nadie, sino para que exista una mínima trazabilidad del dinero aportado para alimentación, educación, ropa, vivienda, salud y demás gastos de los menores.

Actualmente, muchas de esas cuentas aparecen únicamente a nombre del progenitor custodio —habitualmente la madre—, de modo que quien abona la pensión desconoce por completo cómo se administra. Incluso conocemos casos en los que esas cuentas se comparten con la nueva pareja del progenitor receptor, mezclándose el dinero destinado a los hijos con la economía de una nueva unidad familiar. Esta situación genera desconfianza y debería evitarse.

La pensión pertenece moral y materialmente a los hijos. Por ello, una cuenta específica, diferenciada de las finanzas personales y accesible informativamente para ambos progenitores, reforzaría la confianza y la corresponsabilidad. Transparencia no significa control: significa garantizar que aquello que se entrega para los menores mantiene claramente esa finalidad.

Un padre económicamente asfixiado no se convierte en mejor padre.

Tampoco resulta razonable que abandonar la vivienda sea interpretado como algo natural, casi obligatorio. Quien deja la casa no abandona únicamente unas paredes. Puede perder los desayunos apresurados, las conversaciones después del colegio, los deberes sobre la mesa de la cocina, los cuentos antes de dormir y esos pequeños momentos que construyen la relación entre un padre y sus hijos.

Después, paradójicamente, se le reprocha que la relación se haya enfriado.

La igualdad no puede limitarse a los discursos. Debe llegar también a los juzgados, a las medidas provisionales, a los informes psicosociales y a cada resolución que decide cómo será la vida de una familia después de la ruptura.

No se trata de conceder la custodia compartida de manera automática ni de imponer soluciones idénticas a familias diferentes. Se trata de valorar a cada progenitor por su conducta, su responsabilidad, su capacidad de cuidado y su relación con los hijos. No por su sexo.

También existen madres que sufren abandono, impagos, violencia, sobrecarga y falta de corresponsabilidad. Negarlo sería profundamente injusto. Pero reconocer ese dolor no obliga a silenciar el de los padres apartados sin una razón objetiva, utilizados únicamente como proveedores o condenados a convertirse en visitantes de una familia que también construyeron.

La defensa de los derechos del padre no es un ataque contra la mujer. Es una defensa de la igualdad y, sobre todo, del derecho de los hijos a mantener una relación equilibrada con ambos progenitores.

¿Cuándo podrá el hombre separarse en igualdad?

Cuando no tenga que marcharse de su casa por inercia. Cuando las pensiones se establezcan con proporcionalidad y transparencia. Cuando la custodia se decida estudiando quién cuida y no presuponiendo quién debe cuidar. Cuando denunciar una injusticia no sea confundido con atacar a las mujeres. Cuando un padre deje de tener que demostrar constantemente que merece seguir siendo padre.

Una separación debería poner fin a una pareja, no destruir una familia.

Porque ser padre no consiste solamente en pagar.

Ser padre es cuidar, acompañar, educar, proteger, escuchar y estar presente.

Y ningún hombre debería perder ese derecho —ni esa responsabilidad— únicamente porque el amor entre dos adultos haya llegado a su fin.

Por Juan Carlos López Medina
Presidente Nacional de la Asociación de Padres de Familia Separados — APFS